Los perjudicados de Fórum y Afinsa siguen en pie de guerra y, ahora más que nunca,  van a reforzar su presencia en la calle con diversas y continuadas acciones de protesta.  El pasado martes se concentraron junto a la Audiencia Nacional con el lema “Justicia Cobarde” para mostrar su indignación, descontento, por la “felonía jurídica” que, en su opinión, se ha materializado en la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que exime al estado de cualquier responsabilidad en los casos de Fórum Filatélico y Afinsa.  “La justicia –afirman- ha tenido un comportamiento cobarde y se ha sometido a los intereses de los políticos y no a los de los ciudadanos. Nosotros no nos doblegamos y seguiremos hasta el final. No pararemos hasta obtener una solución justa a la crítica situación de miles de personas”.

Hace apenas un mes, los jueces de la Audiencia Nacional dictaron un sentencia que laminaba las esperanzas de una solución justa al más de medio millón de ciudadanos españoles que integran este colectivo. “Estábamos convencidos de que la justicia iba a actuar con independencia y por eso pocos días antes del fallo manifestamos públicamente nuestra confianza y apoyo a los jueces. Desgraciadamente, la realidad ha sido otra y la justicia se ha plegado, una vez más, a los intereses del gobierno con un sentencia que, además de negar nuestras reclamaciones con argumentos pueriles, trata de cerrar la puerta del recurso de casación ante el Supremo a cientos de miles de perjudicados”.

Según los perjudicados “Todo estaba tramado. La sentencia estaba redactada desde hace tiempo y se tenía previsto “cómo y cuándo” hacerla pública para limitar al máximo su repercusión pública”. Así, los perjudicados recuerdan que se comunicó   el mismo día en el que el Consejo de Ministros trataba la reforma del mercado laboral. Además, se filtró a primera hora de la mañana, antes incluso de que los letrados de la defensa accedieran a su contenido, machacando su interés informativo, una vez publicada en los medios digitales”.

La decepción de los perjudicados “es infinita” y están dispuestos a seguir luchando ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, llegarán al Tribunal de Estrasburgo. La concentración ha reflejado su inconformidad contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y ha querido evidenciar la corrupción del Estado de Derecho, haciendo patente que la salud del sistema no existe ni tampoco garantías para los ciudadanos.

Según Marino Turiel, letrado del Bufete Marín, la sentencia reconoce el carácter mercantil y financiero de los contratos “un punto nuclear de nuestra argumentación”, si bien rechaza la aplicación de la legislación, al acusar a los afectados de simular los contratos. “Así, da por sentado que hay una fundamento financiero en ellos, al tratarse de una inversión, un captación pública de ahorro colectivo,  pero elimina la responsabilidad del estado argumentado que se trataba de contratos simulados entren las partes, y que la administración no podía llegar a controlar todo esto”. En este punto, Marino Turiel indica que “parece difícilmente entendible que 460.000 personas conocieran a fondo que estaban pretendiendo firmar otro contrato y no el que estaban realizando. Nos parece un criterio desacertado e injusto”.

Eduardo Berbis, portavoz de la Asociación PERJUDICADOS FÓRUM MADRID, califica la sentencia como una “felonía procesal” y una aberración jurídica que demuestra que “en España, la justicia no está a la altura de un estado de derecho”. Una sentencia política, en un país donde la justicia está totalmente politizada,  en palabras de José Javier López de Castro, coordinador de la misma Asociación, señala que los afectados han sido “víctimas de la inseguridad financiera y ahora lo son de la inseguridad jurídica. Estamos indignados con esta sentencia y no pararemos hasta que realmente se haga justicia”.